1. ¿Qué están haciendo las calificadoras sobre la situación de Pemex?
Las tres agencias calificadoras más importantes, Fitch, Moody’s y Standard & Poor’s están han hecho diversas acciones sobre la calificación crediticia de Pemex. Fitch rebajó el pasado 29 de enero la nota de los bonos de la petrolera a ‘BBB-‘ desde ‘BBB+’ y a ‘AA(mex)’ desde ‘AAA(mex)’ en escala nacional.
Moody’s no ha bajado la nota de Pemex, pero advirtió el pasado 1 de marzo sobre las dificultades de la petrolera y que los esfuerzos del gobierno federal para apoyarla podrían ser insuficientes para mantener su actual nota crediticia.
Por su parte, S&P anunció el 4 de marzo que revisó la perspectiva de Pemex a la baja e hizo lo mismo con el soberano (gobierno federal) por débiles fundamentos crediticios, pero mantuvo sus actuales calificaciones crediticias.
2. ¿Por qué hacen esto ahora las calificadoras?
Algunas de las razones por las que estas agencias tomaron estas acciones es después de saber las nuevas acciones del gobierno federal con Pemex, como construir una nueva refinería pese al historial de pérdidas que tiene la empresa en esta área, así como el constante declive en producción de petróleo de la empresa.
“Si Pemex alcanzara a incrementar su nivel de producción, sus exportaciones se reducirían en un 27% a 876,000 barriles por día (bpd), en comparación con los 1,184,150 bpd actuales, con más petróleo dirigido hacia la producción de combustible. Las menores exportaciones aumentarían el riesgo cambiario debido a la menor cantidad de ingresos en divisas disponibles para cubrir los 92,000 millones de dólares de la deuda de la empresa”, indicó Moody’s en un reporte.
3. ¿Estas acciones son un “castigo” contra el gobierno, como dice el presidente?
El 5 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en conferencia de prensa que el deterioro en la calificación y perfil crediticio de Pemex es un “castigo por la política neoliberal de los últimos 36 años” y que afectó a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad.
Aunque dijo respetar las decisiones de estas firmas, el mandatario reprochó que las calificadoras permanecieron “calladas” ante la corrupción y, añadió, no están tomando en cuenta el combate a la corrupción como una variable importante ante estas variables.
No obstante, S&P indicó que el deterioro de perspectiva de calificación se debe a que la empresa enfrenta un volumen de producción muy bajo de solamente 1.62 mbd a enero de 2019. Además, la continua pérdida de eficiencias operativas tiene al sistema de refinación nacional operando a menos de 40% de su capacidad instalada.
“Estos datos evidencian las débiles condiciones de la base de activos de Pemex, que ahora podría requerir inversiones multianuales de por lo menos 20,000 millones de dólares por año para evitar un mayor deterioro.”
4. Entonces, ¿qué califican las calificadoras?
Las calificaciones crediticias que emiten las agencias son, básicamente, opiniones sobre el riesgo crediticio de un emisor de deuda, como puede ser una empresa o el gobierno federal o estatal de un país. Es decir, expresan la capacidad y voluntad de un deudor para hacer frente a sus obligaciones financieras.
Estas calificaciones ayudan tanto a los emisores de deuda como a los inversionistas (los que compran la deuda), los primeros a conseguir mejores condiciones de financiamiento si su calificación es buena, y a los segundos para conocer el perfil crediticio de quien pide el dinero y qué tan riesgoso es prestarle y, en función de ello, exigir más intereses o garantías de pago.
Las agencias elaboran sus calificaciones con analistas y modelos matemáticos, usan la información proporcionada por el emisor (gobierno, entidad o empresa), además de otros factores financieros y no financieros, como indicadores clave de desempeño, factores económicos, regulatorios, influencias geopolíticas, factores gerenciales y de gobierno corporativo, y posición competitiva. En la calificación de un soberano, o de un gobierno nacional, el análisis puede concentrarse en el riesgo político, la estabilidad monetaria y la carga general de la deuda.
5. ¿Quién paga a las calificadoras?
Las agencias suelen tener dos modelos de negocio, el primero y más frecuente es que los emisores paguen por que se les dé una calificación. La segunda fuente de ingresos es por suscripciones de quienes demandan la información sobre calificaciones crediticias.
6. ¿No es un conflicto de interés que el calificado pague a la calificadora?
Se ha criticado constantemente el hecho de quien paga por tener una calificación presione a la calificadora para que emita una nota buena. Antes de la crisis de 2008, las agencias dieron buenas calificaciones a instrumentos financieros respaldados en hipotecas basura, que hicieron reventar la burbuja en el sector inmobiliario y detonaron una gran crisis financiera.
Para mantener la imparcialidad entre las calificaciones emitidas y los clientes que pagan por esas notas, las calificadoras tienen diversos mecanismos, como S&P, que afirma mantener una independencia entre el equipo que negocia los contratos de calificación y entre el equipo de analistas que elaboran las calificaciones. Además, cuentan con un comité que limita la influencia de cualquier analista sobre las notas.
7. ¿Qué riesgo corre el gobierno y el país con estas bajas?
Al ser Pemex propiedad de la nación, hay una correlación muy estrecha entre la empresa y el gobierno. Si la nota del soberano baja, la de Pemex también puede degradarse. El gobierno federal ha dicho explícitamente que apoyará a la petrolera estatal y esta cumplirá con sus obligaciones financieras.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indicó en un comunicado el 15 de febrero que la ayuda financiera a Pemex sumará 107,000 millones de pesos (equivalentes a 5,200 millones de dólares) para este año. De los cuales, 25,000 millones consisten en una capitalización directa, 35,000 millones en monetización de pagarés de los pasivos pensionarios de la SHCP con Pemex, una reducción gradual de la carga fiscal, que en 2019 será de 15,000 millones de pesos, e ingresos estimados de 32,000 millones de dólares por el combate al robo de combustible.
Aunque las calificadoras toman en cuenta el respaldo del gobierno a la estatal, también señalan el riesgo de que, por este apoyo, las finanzas del soberano puedan deteriorarse y degradar la calificación crediticia, lo que significaría un duro golpe al gobierno en su calidad de emisor de deuda, además de afectar el panorama económico, lo que tendrá consecuencias en las empresas mexicanas.
