Nota del editor: Este texto es reproducido con la autorización de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Raúl Olmos y Valeria Durán
Tres policías del Estado de México detenidos por asalto colaboraron en el desvío de 246 millones de pesos durante el Gobierno de César Duarte en Chihuahua, dinero que presuntamente fue canalizado a campañas electorales del PRI en 5 estados.
Ese desvío de fondos es por el que fue detenido en diciembre de 2017 el exsecretario de Finanzas del PRI, Alejandro Gutiérrez, a quien un juez federal exoneró el pasado 31 de agosto porque supuestamente no se acreditó su culpabilidad en el delito de peculado. El gobierno de Chihuahua promueve un amparo para evitar que salga libre.
José Juan Saliano González, expolicía del Estado de México arrestado por robo, aparece como operador de empresas involucradas en desvíos de recursos del Gobierno de Chihuahua.
Las cuatro empresas que fueron utilizadas para el desvío de recursos públicos de Chihuahua habían sido creadas entre el 13 y el 18 de agosto de 2015 por el policía José Juan Saliano González, junto con vecinos e integrantes de su familia, de acuerdo con un rastreo de actas realizado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
El 24 de febrero de 2016, a los seis meses de que las empresas habían sido creadas, el Comité de Adquisiciones del Gobierno de Chihuahua les asignó directamente cuatro contratos por 246 millones de pesos por cursos de capacitación a papás y maestros, los cuales nunca se impartieron.
Los depósitos por esos contratos se concretaron el 7 de abril de 2016, y casi de inmediato el dinero se dispersó en decenas de operaciones, principalmente a favor de otras 7 empresas y tres personas físicas ligadas al policía Saliano González.
Entre las personas que presuntamente recibieron transferencias estaban Ernesto Fernández Mora y Maximiliano Benítez Montoya, quienes eran compañeros de Saliano González en el Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM), según información documental consultada por MCCI.
Los tres policías fueron detenidos en octubre de 2016 cuando intentaron robar 3 millones de pesos en una empresa que custodiaban en Jardines del Pedregal, en la delegación Coyoacán, de la Ciudad de México, de acuerdo con notas periodísticas.
Su arresto ocurrió medio año después de que habían colaborado en el desvío de fondos del Gobierno de Chihuahua.
La corporación a la que pertenecían los guardias arrestados fue creada cuando Enrique Peña Nieto fungía como gobernador del Estado de México, y desde entonces ha funcionado como empresa privada, dependiente de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana. Sus contratos se multiplicaron en el actual sexenio y suman miles de millones de pesos en decenas dependencias federales, incluyendo prácticamente todas las Secretarías de Estado.
Desde junio de 2015 se había formalizado en el Senado una petición para investigar al CUSAEM, ante posible corrupción, pues tan sólo en los dos primeros años del sexenio sus contratos gubernamentales sumaban 2 mil millones de pesos por adjudicación directa.
Más estados involucrados
Según la declaración ministerial de un ex funcionario de Chihuahua, el dinero desviado a través de las empresas del policía del CUSAEM fue a dar a campañas electorales, por instrucciones del ex gobernador priísta César Duarte y de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, integrante de la dirigencia nacional del PRI.
“Jaime (el testigo) comentó que se había acordado con Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, alias ‘La Coneja’, quien en ese momento se desempeñaba como Secretario de Finanzas del PRI nacional, la operación por parte del estado de Chihuahua de un recurso federal enviado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la Federación para destinarlo al PRI nacional”, refiere el testimonio integrado al expediente que está en manos de la Procuraduría General de la República (PGR).
Es decir –añadió el testigo- “el recurso federal tenía que entrar al Estado y salir para el PRI nacional y esta situación ya estaba hablada e instruida por el gobernador César Duarte”.
Un testigo protegido, identificado sólo con la clave T701/2017, aseguró que en diciembre de 2015 Alejandro Gutiérrez le dijo que había un acuerdo con la Secretaría de Hacienda para que a través de los estados de Veracruz, Tamaulipas y Chihuahua apoyaran con la operación electoral a nivel nacional del año 2016.
De acuerdo con los testimonios presentados a la PGR, ese dinero se utilizó en campañas de otros estados como Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa y Durango.
El pasado 31 de agosto, un juez federal canceló el proceso contra Alejandro Gutiérrez por el desvío al PRI, al concluir que la PGR no tenía la mínima pretensión de llevarlo a juicio porque supuestamente el Gobierno de Chihuahua no presentó suficientes pruebas en su contra.
Las empresas del policía
Despacho de Profesionistas Futura, Servicios y Asesorías SISAS, SAMEX y SINNAX SA de CV, son los nombres de las empresas a las que el Gobierno de Chihuahua transfirió 246 millones de pesos en abril de 2016. En actas y documentos consultados por MCCI consta que el operador y presunto prestanombres de esa red es el policía José Juan Saliano González, junto con vecinos y parientes que residen en la delegación Azcapotzalco y en los municipios de Tultepec y Nezahualcóyotl, en el Estado de México.
SINNAX, a quien el Gobierno de César Duarte le transfirió 55 millones de pesos, tiene como socio mayoritario y administrador único a Saliano González, de 50 años de edad, originario de Tierra Blanca, Veracruz, y con domicilio en la colonia Ampliación San Pedro Xalpa, en Azcapotzalco. La empresa cuenta con 39 objetos sociales, el primero de los cuales son los servicios de consultoría, asesoría y capacitación en todo el país y en el extranjero. El domicilio fiscal declarado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) está en un edificio de oficinas ubicado en la avenida López Mateos de Nezahualcóyotl.
Una pariente del policía, de nombre Giovanna Itzel Saliano Gallardo, es la representante legal de Servicios y Asesorías SISAS, que firmó con el Gobierno de Duarte un contrato por 46 millones de pesos para dar un curso en materia ecológica. El administrador único es Aarón Talavera Mejía, vecino del agente, en la colonia San Pedro Xalpa, quien inscribió en su propia casa el domicilio fiscal de la empresa.
Otra pariente del mismo policía, de nombre Sandibel Gallardo Gallardo, es quien firmó con el Gobierno chihuahuense un contrato por 55 millones de pesos a nombre de SAMEX SA de CV, por concepto de un curso para 5,600 padres de familia de alumnos de preescolar y primaria, el cual jamás se impartió. La apoderada de esta empresa reside en una humilde vivienda del barrio San Antonio Xahuento, en el municipio de Tultepec, Estado de México. Mientras que el domicilio fiscal de la empresa, registrado ante el SAT, está en la casa del policía, en Azcapotzalco.
Por último, Despacho de Profesionistas Futura, que recibió 90 millones de pesos del Gobierno de César Duarte para diseñar e implementar un software para agilizar trámites, tiene como administradora a María de Lourdes Gallardo Carrillo, también emparentada con el agente.
Las cuatro empresas fueron reportadas desde enero de 2017 por el SAT como presuntamente fantasma, por haber incurrido en supuesta simulación de operaciones.
MCCI llamó a dos de los números telefónicos que SISAS dio al SAT; en uno, la persona que contestó dijo que no conocía a ninguna empresa con ese nombre, y en otro una grabación indicó que la línea no existe. Mientras que en el número que aportó SAMEX el teléfono está fuera de servicio.
También se constató que tres de los domicilios fiscales corresponden a viviendas y otro a una oficina vacía. En ningún caso se encontraron las empresas contratadas por el gobierno chihuahuense.
Otros parientes del policía aparecen como accionista de más empresas ‘fantasma’ a través de las cuales supuestamente transitó el dinero desviado en Chihuahua.
Su hermana Santa Saliano González aparece como administradora de Comercializadora Sinex y de Publicidad Recrea SA de CV, ésta última también boletinada por el SAT a través del Diario Oficial de la Federación, el pasado 31 de enero de 2017.
Mientras que en Constructora Franfeca y en Comercializadora Vezcu SA de CV aparece como administrador Jonathan Jesús Saliano Gallardo, ambas reportadas por el SAT como presuntamente fantasma.
Sandibel Gallardo, quien firmó un contrato con el Gobierno de Chihuahua a favor de SAMEX, es también administradora de Novanight SA de CV.
El propio policía José Juan Saliano González también es accionista de Despacho de Profesionistas Faga.
El propio policía José Juan Saliano González también aparece como accionista de otras dos empresas: Despacho de Profesionistas Faga y Comercializadora Fing SA de CV.Esta red tiene una característica en común: las empresas fueron creadas el mismo día, el 18 de agosto de 2015 en la Ciudad de México, ante la misma notaría de Coyoacán.
Lee la investigación original en MCCI.
