Para que el Tren Maya sea un proyecto de infraestructura ferroviaria que genere ganancias o, por lo menos, no requiera de subsidios gubernamentales durante toda su vida útil, es necesario que el Gobierno haga una evaluación correcta de los costos estimados, aforo, densidad poblacional, conectividad, uso principal de las vías y la competencia del tren con otros medios existentes de transporte, recomendó el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO).
En un estudio publicado el 19 de marzo, el instituto señaló varios puntos, que pueden ‘descarrilar’ antes de tiempo el proyecto del Tren Maya, como el costo, que debe reconsiderarse, si se quiere sacar adelante y volver rentable el proyecto que el propio mandatario definió como troncal en su programa de trabajo.
La institución con sede en la Ciudad de México mencionó que una mala planeación del proyecto puede aumentar considerablemente su costo y, haciendo cálculos, este podría subir entre los 479 mil 920 millones de pesos y 1 billón 599 mil 767 millones de pesos, “un rango que es entre 4 y 10 veces mayor que los 120 a 150 mil millones de pesos estimados por el Gobierno federal”.
De acuerdo con la información presentada por el gobierno federal, el proyecto ferroviario cruzará por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Recorrerá 1,525 kilómetros y parará en 15 estaciones. El financiamiento será mixto, con un 10% de inversión pública y 90% de la iniciativa privada.
El proyecto ha sido cuestionado varias veces por los potenciales por organismos impactos económicos, sociales y ambientales. Por ejemplo, académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México dirigieron una carta al entonces presidente electo López Obrador en noviembre pasado, en la que advertían que los estados por los que se pretende que cruce el Tren Maya, además del proyecto del Corredor Comercial y Ferroviario del Istmo de Tehuantepec, son “hábitats críticos que abarcan áreas con alto valor de biodiversidad.”
También afirmaron que “el 56% de la superficie de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo es propiedad social y está compuesta por más de mil 406 núcleos agrarios, de los cuales casi el 100% corresponde a ejidos”, afectando con esto a una gran población de la península de Yucatán.
A su vez, llamaron a que se cumpla con el ordenamiento de realizar una consulta, que se requiere por ley, entre las comunidades indígenas.
El IMCO propuso al jefe del Ejecutivo que, para aumentar la rentabilidad del proyecto, incluya a la población en un mecanismo de consulta desde la etapa de planeación del proyecto para “gestionar de mejor forma los riesgos sociales”, incorporar otras actividades distintas al turismo, asegurarse de que las líneas se construyan en tramos urbanos densamente poblados, obtener los derechos de vía antes de iniciar con la obra y cotejar los costos con otros proyectos que podrían generar un mayor beneficio social como el ferrocarril transístmico.
