México, el país que menos invierte en paz y justicia

| 21 abril, 2019

México gasta menos del 1% de su PIB en seguridad y justicia, mientras violencia aumenta. Foto: Pixabay.

Es importante porque: El gasto público en seguridad es muy bajo mientras se exacerba la violencia en diversas partes de México.

El gasto público de México en seguridad interna y en su sistema judicial es de apenas el 0.81% de su Producto Interno Bruto (PIB), casi la mitad de lo que gastan en promedio los países de América Latina (1.5%), inclusive menos otras economías más pequeñas como Guatemala y El Salvador. Este es una de los hallazgos del Índice de Paz México 2019, publicado por el del Institute for Economics and Peace.

México está al fondo de la tabla también entre los países que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en gasto en orden y seguridad pública, pues el promedio de los miembros de este organismo es de 1.64%.

Fuente: Índice de Paz México 2019

“El gasto de México es similar al de Dinamarca e Irlanda. Considerando los niveles de violencia en México, esto indica una seria falta de recursos en estos dos sectores”, dijo el instituto en su reporte anual, publicado el 9 de abril.

2018 fue el año más violento que se haya registrado, de acuerdo con el informe. El nivel de paz en México se deterioró 4.9%, lo que constituye el tercer año consecutivo a la baja. La tasa nacional de homicidios se incrementó 14% en 2018 y el 69.4% de estos se cometieron con un arma de fuego. Mientras que la tasa de crímenes de la delincuencia organizada se elevó 11.6%.

El impacto económico de la violencia se elevó 10% en 2018, alcanzando los 5.16 billones de pesos (268,000 millones de dólares), lo que equivale a 24% del PIB del país. Los costos relacionados con los homicidios representan 51% de todo el impacto.

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A propósito de este delito, el impacto económico por los homicidios aumentó 15% en 2018; en delitos con violencia subió 11%, mientras que el gasto militar para contener la violencia aumentó solamente 2% en el mismo año.

La seguridad y paz fue uno de los principales ejes de campaña del presidente López Obrador. Hasta ahora, las principales acciones del gobierno federal han sido programas de becas escolares y de entrenamiento en empresas, para evitar que jóvenes se enrolen en el crimen organizado.

Además, el ejecutivo impulsó una reforma constitucional para articular una guardia nacional, conformada por el Ejército y dirigida por un mando militar en proceso de retiro.

Sin embargo, la ola de violencia se hace más grande y se mantiene como el principal reclamo de la sociedad y el tema más incómodo para el presidente, que goza de una alta popularidad, de acuerdo con encuestas.

El pasado 12 de abril, el periodista Jorge Ramos cuestionó al presidente López Obrador en su conferencia matutina acerca de las cifras de homicidios en febrero, cuya tendencia indica que nuevamente rompería récord en 2019. Por su parte, el mandatario contestó que la estrategia de su gobierno está funcionando en la contención de la violencia.

Pero un nuevo episodio de terror volvió a conmocionar al país. La noche del 19 de abril un comando armado asesinó a 13 personas, entre ellas un bebé, en una fiesta en el municipio de Minatitlán, Veracruz, región petrolera y donde se encuentra una refinería. De acuerdo con reportes de prensa, los cárteles de Jalisco Nueva Generación y del Golfo se estarían disputando esta plaza.

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El Instituto para la Paz resalta la necesidad de que México aumente su gasto público en seguridad y justicia para atender los altos niveles de violencia y crimen en el país. Por ejemplo, solamente existen 3.5 jueces por cada 100,000 habitantes, en contraste con el promedio global de 16.2.

Aunque reconoce que un incremento del gasto en seguridad no garantiza que este se ejerza con eficiencia y eficacia y puede generar desequilibrios en las finanzas públicas, el instituto advirtió que, de seguir los niveles actuales de recursos, la violencia se agravará, afectando cada vez más la economía.

“Tener recursos públicos limitados se traduce en que un aumento del gasto en contención de la violencia debe financiarse ya sea incrementando los impuestos o reasignando fondos de otros sectores. En México, la falta de capacidades en los sectores de justicia y seguridad genera una brecha de seguridad en que los costos derivados de la violencia exceden por mucho los costos de contenerla.”

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