¿Qué está pasando?
Desde el inicio de 2019, varios estados de la república, como Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, el Estado de México y la Ciudad de México han estado enfrentando problemas de abasto de gasolina, provocando que varias estaciones se queden sin combustible y muchos automovilistas pasen horas tratando de llenar sus tanques.
¿A qué se debe?
Aunque no es la primera vez que ocurre una situación de desabasto (también se presentó en enero de 2017, cuando subieron considerablemente los precios de la gasolina), en esta ocasión es un efecto de la estrategia para combatir el robo de combustible, emprendida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El plan involucra la operación conjunta de varias dependencias de gobierno y el resguardo de instalaciones estratégicas de Pemex por parte del Ejército y, además, el cierre de ductos perforados por criminales (conocidos coloquialmente como huachicoleros) que sustraen el combustible.
Sin embargo, un efecto no deseado de la estrategia fue que se interrumpió el suministro de combustible desde la refinería de Pemex en Salamanca, Guanajuato, hacia las Terminales de Abastecimiento y Reparto (TAR) de Pemex en la zona, provocando escasez de gasolina.
Imagen: Secretaría de Energía
¿Cuáles han sido los efectos?
Los problemas de suministro comenzaron a presentarse en Guanajuato y Jalisco, pero se extendieron a otros estados hasta llegar a la Ciudad de México. Mucha gente, ante el temor de que se acabara la gasolina, acudió a las estaciones, provocando un pico en la demanda, largas filas para repostar y que en varias estaciones se agotara la gasolina.
Pese a estos sucesos, el presidente López Obrador afirma que se han ahorrado 2,500 millones de pesos desde que se lanzó esta estrategia a finales de diciembre para evitar el robo de combustible.
¿Qué tan grave es el problema del huachicol?
Desde 2006, los cárteles de droga comenzaron a diversificar sus negocios y entraron a la ‘ordeña’ de ductos y la venta ilegal de combustible. Cada año se incrementaron de forma exponencial las tomas clandestinas en la red de ductos de Pemex y las pérdidas por este delito.
De acuerdo con el gobierno federal, las pérdidas de Pemex por el robo de combustible ascienden a 60,000 millones de pesos en 2018. Esto es equivalente al 13% del total de ventas de gasolina Magna y Premium entre enero y noviembre (aún no se publican los datos de diciembre) de Pemex, que fueron de 479,242 millones de pesos, de acuerdo con la Base de Datos Institucional de Pemex.
¿Funcionará la estrategia de López Obrador contra el huachicoleo?
Es difícil anticiparlo. Estos grupos que sustraen combustible de los ductos son heterogéneos, operan en diversas partes del país (con las complejidades geográficas que implican) y han adquirido bastante poder en los últimos años. También se acusa que actúan con la complicidad de las autoridades.
Los cárteles más poderosos del país (Sinaloa, Los Zetas, Jalisco Nueva Generación) están en el negocio del huachicoleo y, además, también participan bandas más pequeñas que se dedican casi exclusivamente al robo de combustible.
Un documento de opinión publicado en 2016 por el Instituto Español de Estudios Estratégicos (centro de investigación del Ministerio de Defensa de aquel país) divide el proceso de contrabando de combustible de ductos en tres fases:
- Preparativos: En esta fase el grupo criminal investiga donde llevar a cabo el robo. Una vez seleccionado se provee de las herramientas adecuadas, tales como retroexcavadoras, válvulas, camiones, entre otros. Antes de actuar tratan de ganarse el favor del propietario por donde pasa el tramo del oleoducto donde van a realizar la operación. Y por último y no menos importante, en el grupo ya cuentan con un “experto”, generalmente algún trabajador de Pemex.
- Ejecución: Los oleoductos normalmente se encuentran enterrados a una media de 2 metros de profundidad. Por ello, proceden a realizar el robo por la noche para no ser vistos ni escuchados. Con la retroexcavadora abren una zanja hasta ver el oleoducto. Al contar con un trabajador de Pemex en sus filas, éste les comunica cuando lleva combustible el oleoducto. Por ello lo que se hace es “pincharlo”, es decir, perforarlo. Hecho esto sueldan una tubería, colocan una válvula y llaves de paso. Antes de que el combustible comience a pasar por el oleoducto, colocan una manguera de alta presión, abren las llaves de paso y llenan uno o varios camiones cisterna.
- Almacenamiento y venta: Normalmente utilizan áreas rurales para esconder los cargamentos de combustible. En cuanto a la venta se han detectado hasta cuatro modalidades. Una de ellas es la venta directa de garrafas con el combustible en carreteras y en pueblos. La segunda consiste en vender al por mayor a consumidores medios, tales como fábricas o empresas de transporte. En tercer lugar está la venta del combustible robado a gasolineras implicadas en la venta del recurso y, por último, las gasolineras pirata, aunque esta es la opción menos rentable.
¿Por qué tardan en normalizar el suministro?
Para compensar el corte en los ductos, se usaron pipas (autos tanque) para repartir gasolina a las estaciones de servicio, pero éste es un método más lento y caro para satisfacer la demanda.
Ramses Pech, analista independiente del sector energético, indica que hay gasolina “pero no está llegando a la velocidad de llenado en tanques requerido en función de la demanda común.”
La secretaria de Energía, Rocío Nahle, reconoció que se cometió un error en la estrategia de logística y no se contó con el inventario suficiente para hacer frente a la contingencia.
En su conferencia matutina del 10 de enero, López Obrador dijo que el ducto Tuxpan – Azcapotzalco fue saboteado dos veces y que eso afectaba el suministro en la Ciudad de México. El mandatario reiteró su llamado a no hacer compras de pánico mientras se normaliza la situación.
Pero este episodio de desabasto sacó nuevamente a la luz un viejo problema en México: la insuficiente infraestructura para transportar y almacenar petrolíferos. Durante décadas, Pemex tuvo el monopolio (amparado por el Estado) de la exploración y producción de crudo, refinación, almacenamiento y distribución de productos petrolíferos.
Al no haber competencia en estas actividades, no se invirtió en infraestructura para satisfacer la creciente demanda. En México la capacidad de almacenamiento de combustibles es de tres días o, en el mejor de los casos, hasta 15. En economías industrializadas la capacidad es de 30 días.
En el país es muy escasa la oferta de estaciones de servicio, hay una gasolinera por cada 10,000 habitantes, mientras que en Estados Unidos hay una por cada 2,000, de acuerdo con información de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
¿Y qué ha hecho la reforma energética?
Esta serie de cambios en la Constitución y en las leyes, hechas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, quitaron a Pemex la exclusividad en el mercado de petrolíferos e incentivó la entrada de empresas privadas.
Pero, después de décadas de monopolio, la transición hacia un mercado abierto ha sido lenta y con reveses. En 2017, la CRE comenzó la liberalización de los precios de la gasolina y el diésel en el país, pero los incrementos abruptos causaron molestia y protestas en varios sectores de la población, acostumbrados a que durante años el precio del combustible estuviera subsidiado.
La falta de infraestructura de transporte y almacenamiento hace que muchos nuevos jugadores sean dependientes de las instalaciones y logística de Pemex para surtirse de producto. Mientras que los que importan su propia gasolina y usan sus propios medios para transportarla han sorteado mejor esta situación.
Las gasolineras ExxonMobil, ubicadas en su mayoría en los estados de Guanajuato y Querétaro, usan combustible importado desde las refinerías de Texas y es transportado en tren. Ante la escasez, podía cubrir a las estaciones que tienen contrato con ellos.
“Tener múltiples participantes en transporte y almacenamiento ayuda a tener mayor seguridad energética y mejores condiciones para enfrentar retos de desabasto como este”, comenta Ramses Pech.
*Artículo actualizado con declaraciones de López Obrador en la mañana del 10 de enero.
