Cuando en esta semana se esperaban anuncios importantes para apoyar a las empresas estatales Pemex y CFE, la atención se centró en las acusaciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre presuntos conflictos de intereses de exfuncionarios y reguladores del sector energético.
El pasado 11 de febrero, el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, presentó un plan para modernizar 60 plantas termoeléctricas en el país. No obstante, durante su intervención, tuvieron más resonancias las acusaciones contra exfuncionarios públicos de administraciones anteriores, específicamente los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, de mantener un supuesto conflicto de interés al ser consejeros de diversas empresas de energía.
Entre los funcionarios que acusó se encuentran Jesús Reyes Heroles González Garza, Carlos Ruiz Sacristán, Luis Téllez, Alfredo Elías Ayub, Georgina Kessel Martínez, Jordi Herrera Flores y Alejandro Fleming Kauffman y el propio expresidente Felipe Calderón.
De acuerdo con la ley mexicana, los servidores públicos no pueden participar o trabajar en actividades directamente relacionadas a las desempeñadas en su sector hasta un año después de haber dejado el cargo. En los casos de las personas a las que hizo alusión Bartlett, todos cumplieron el plazo de un año para integrarse al sector privado. En la situación de Jesús Reyes Heroles, pasaron casi diez años.
El titular de la CFE en el actual gobierno también acusó a las empresas Carso, IEnova y TransCanada por contratos de gasoductos firmados con la empresa eléctrica, los cuales considera abusivos al contener una cláusula en la que, si por causas de fuerza mayor ajenas a las empresas, CFE debe pagar una penalización a estas. Bartlett afirmó que se pagaron 5,000 millones de pesos el año pasado por este concepto.
Por otro lado, los planes del actual gobierno para producir más energía de forma convencional generan más dudas sobre el aumento de capacidad de producción de electricidad, indicó la agencia calificadora Moody’s en un reporte.
“El presidente López Obrador tiene la intención de invertir en la modernización de los recursos hidroeléctricos para aumentar la producción de energía limpia. Si bien las centrales hidroeléctricas a gran escala ya representan el 17% de la capacidad y el 9.7% de la generación total, un aumento en la energía hidroeléctrica crea una rama no diversificada que se basa en plantas más antiguas y menos eficientes, en lugar de las energías renovables de nueva construcción y el gas natural de ciclo combinado.”
El pasado 31 de enero, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), que opera el Sistema Eléctrico Nacional del país, canceló la cuarta ronda de subastas eléctricas con energías renovables. Las tres subastas anteriores, indicó Moody’s, agregaron una importante capacidad de energía solar a la red eléctrica, de México.
“El hecho de que el presidente se aleje de las energías renovables y la importación de gas natural crea dudas en el plan del gobierno para el sector energético, porque el aumento de la producción nacional requiere una inversión significativa en la producción asociada de gas y petróleo crudo para reemplazar las importaciones baratas de gas natural en los Estados Unidos”, comentó la agencia.
Plan de rescate a Pemex no convence
Por otra parte, el gobierno federal presentó una serie de acciones para sanear las finanzas de Pemex, cuya calificación crediticia fue degradada por la agencia Fitch Ratings, por lo que ahora las notas de la petrolera estatal están al borde del bono basura.
La Secreraía de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indicó en un comunicado el 15 de febrero que la ayuda financiera a Pemex sumará 107,000 millones de pesos (equivalentes a 5,200 millones de dólares) para este año. De los cuales, 25,000 millones consisten en una capitalización directa, 35,000 millones en monetización de pagarés de los pasivos pensionarios de la SHCP con Pemex, una reducción gradual de la carga fiscal, que en 2019 será de 15,000 millones de pesos, e ingresos estimados de 32,000 millones de dólares por el combate al robo de combustible.
“El anuncio de apoyos y medidas financieras y fiscales por parte de la SHCP, está acompañado por el compromiso de la administración de Pemex para contar con un plan integral de austeridad, el rigor en las licitaciones y, sobre todo, el combate a la corrupción que forma parte de los pilares fundamentales del nuevo gobierno”, agregó la dependencia.
Pemex no recurriría a los mercados de deuda este año para refinanciar pasivos y con la inyección de dinero, se esperaría que Pemex alivie sus necesidades de financiamiento para proyectos de exploración y producción de petróleo.
No obstante, el plan de apoyo para Pemex es insuficiente para la calificadora Fitch, pues aunque los 5,200 millones de dólares pueden detener el incremento de deuda este año, la empresa productiva del estado necesita entre 12,000 y 17,000 millones de dólares adicionales al año para detener la caída en su producción y sus reservas.
Después de que Fitch bajara la calificación a Pemex el 29 de enero, el presidente López Obrador tildó a la agencia de “hipócrita” y que avaló el “saqueo” al país.
